COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

MODIFICAN LA LEY GENERAL DE ADUANAS Y LA LEY PARA LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 21.02.18 FECHA DE VIGENCIA: VARIABLE

Mediante Ley N°30730, se modifica la Ley General de Aduanas y la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la Economía. Entre las principales modificaciones realizadas se encuentran las siguientes:

I. Ley General de Aduanas

  • Se establece que los terceros vinculados a una operación de comercio exterior, operación aduanera u otra operación relacionada a ellas, que no califiquen como operadores de comercio exterior, tienen las siguientes obligaciones: (i) proporcionar, exhibir o entregar la información o documentación requerida dentro del plazo establecido legalmente u otorgado por la autoridad aduanera; y, (ii) comparecer ante la autoridad aduanera cuando sean requeridos. Asimismo, se incorpora como infracción sancionable con multa el incumplimiento de las referidas obligaciones.
  • Se señala que la Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas será modificada por el MEF en el plazo de sesenta días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley.Las modificaciones mencionadas entrarán en vigor al día siguiente de la modificación de la Tabla de Sanciones.

II. Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la Economía

  • Se incorpora que el pago de sumas de dinero de las siguientes operaciones, por importes iguales o superiores a 3 UIT, inclusive cuando se realice parcialmente, solo puede ser efectuado utilizando los Medios de Pago previstos en esta ley: a) la constitución o transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles; b) la transferencia de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres; y, c) la adquisición, aumento y reducción de participación en el capital social de una persona jurídica.
  • Se establece que los sujetos obligados en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo deben dejar constancia del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente en el respectivo acto jurídico y/o instrumento público que lo formalice, siendo obligación de los clientes adjuntar la documentación respectiva que acredite el Medio de Pago utilizado. En caso el cliente se niegue a cumplir con lo señalado, el sujeto obligado, sin perjuicio de no efectuar la operación, debe evaluar la posibilidad de efectuar un Reporte de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú.
  • Se añade como medios de pago a las remesas y las cartas de crédito. Asimismo, se modifican los requisitos para que sean considerados como medios de pago, los cheques y las tarjetas de crédito.
  • Se incorpora como nueva obligación de los Notarios, Jueces de Paz, Contratantes y Registradores, verificar la existencia del documento que acredite el uso del medio de pago y consignar expresamente ello en el instrumento público, haya o no concluido el proceso de firmas, insertando o adjuntando copia del mismo. Estableciéndose que, de no utilizarse medio de pago, no formalizará el acto jurídico en el instrumento público respectivo.
  • Estas modificaciones entrarán en vigor a los 6 meses de la publicación de la presente ley.

III. Utilización de medios de pago en las actividades comerciales de los usuarios de insumos químicos y bienes fiscalizados

Se establece que los usuarios que realizan actividades fiscalizadas con insumos químicos y bienes fiscalizados harán uso de manera obligatoria de los medios de pago, para cumplir con la totalidad de sus obligaciones de pago de sumas de dinero. Quedan exceptuados de dicha obligación los pagos efectuados por los usuarios domésticos por concepto de adquisición de Bienes Fiscalizados, y los sujetos que desarrollen actividades con hidrocarburos distintos a los inscritos en el Registro Especial en las zonas geográficas sujetas al Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos. Los que realicen las actividades fiscalizadas con productos mineros se encontrarán obligados en los supuestos y montos que se establezcan mediante decreto supremo.

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